TPS y STI rechazan acusaciones de la Fiscalía Nacional Económica: “Carecen de fundamento”
El organismo acusó a los terminales portuarios de abuso de posición dominante, consistente en el cobro injustificado a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad.
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El requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra los terminales portuarios de la Región de Valparaíso - Terminal Pacífico Sur (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW) – al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por abuso de posición dominante fue catalogado como carente de fundamento.
La acusación de la FNE señala que “cada una de estas empresas ejecutó un abuso de posición dominante, consistente en el cobro injustificado a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, que comenzó a implementarse en septiembre de 2019 por TPS, en septiembre de 2020 por STI y en febrero de 2021 por DPW”.
La FNE agregó que “los comportamientos anticompetitivos de estas empresas les han permitido extraer rentas de un modo injustificado, más allá de las que hubiesen obtenido bajo condiciones de competencia, debido al carácter cautivo que tienen los importadores y exportadores respecto del terminal portuario que las empresas navieras eligen para la recalada de sus naves”.
Ante esta acusación, el Terminal Pacífico Sur señaló en un comunicado de prensa que “lamenta ser sorprendida y afectada su reputación de esta forma, sin que se cumplan condiciones mínimas que es dable esperar para garantizarle su derecho a defensa. Las acusaciones de la Fiscalía Nacional Económica carecen de fundamento”.
En tanto, San Antonio Terminal Internacional (STI) también expuso su posición respecto a esta acusación y señaló – a través de una declaración pública – que la empresa cumple con la legislación y respeta las normas de libre competencia. Agrega que el security fee no excede la tarifa máxima de acuerdo a lo establecido en su contrato de concesión.
El texto de STI señala también que “esta nueva posición afecta a todo el sistema portuario y su funcionamiento, y desincentiva las necesarias inversiones en materia de seguridad que requiere el comercio exterior, que por lo demás son exigidas por otros entes del Estado”.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó al Tribunal que estas empresas cesen en dicho cobro y que les aplique multas que totalizan 26.897 Unidades Tributarias Anuales (21,7 millones de dólares), correspondientes a 8,7 millones de dólares para TPS; 8,9 millones de dólares para STI; y 4 millones de dólares para DPW.
