Organizaciones de trabajadores discrepan sobre efectos de ley de cabotaje en el empleo

La representante del Sindicato Interempresas de Mujeres Mercantes de Chile, María Gaete, fue una de las expositoras esta semana ante los diputados de la Comisión de Obras Públicas y Transportes.

Por un lado, representantes de varios sindicatos acudieron esta semana al Congreso para expresar su oposición al proyecto de ley y, por otro, tres organizaciones publicaron una declaración en la que aseguran que la propuesta tendría efectos favorables para su sector.

Los representantes de cinco organizaciones de trabajadores vinculados a la marina mercante nacional fueron escuchados esta semana por la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados donde se analiza el proyecto de ley permite a naves con bandera extranjera ejercer cabotaje en Chile.

Fueron la Federación de Sindicatos Navieros de Trabajadores del Sur (Fesitrasur), el Sindicato Interempresas Mar del Sur, la Federación de Sindicatos e Tripulantes de Chile (Fetrich), el Sindicato Interempresas de Mujeres Mercantes de Chile y la Federación Nacional de Gente de Mar (Fenagemar), cuyos dirigentes coinciden en que la propuesta que impulsa el Gobierno eliminara miles de empleos al favorecer el ingreso de naves con bandera de conveniencia tripuladas por extranjeros que describieron como mano de obra barata.

Rechazan especialmente la reputación de naves que propone el proyecto de ley porque, según sus críticos, abre las puertas a que empresas extranjeras se instalen en Chile con una nave bajo pabellón nacional y el resto de su flota con bandera extranjera.

También se oponen a ampliar las opciones para que se implementen los permisos temporales de cabotaje a barcos extranjeros.

Los dirigentes plantean que las condiciones que plantea el proyecto de ley pone en riesgo sus fuentes de trabajo, alguno afirmó incluso que sería un “genocidio” para la marina mercante nacional y que ningún buque extranjero contratará a tripulantes chilenos

La otra cara de la moneda

Hay organizaciones que expresaron una opinión distinta, más favorable, sobre el proyecto de ley.

El Consejo Austral de Trabajadores Marítimos de Chile (Cosatram), la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile (Fenasiomechi) y la Federación de Sindicatos Marítimos, (Fesimar) publicaron una declaración para “salir al paso de algunas organizaciones sindicales, financiadas y dirigidas por armadores de naves marítimas, que han recurrido a la difusión en la prensa tradicional y la de las redes sociales, para mentir y tergiversar, sobre las consecuencias del proyecto de ley de apertura del cabotaje nacional”.

Plantean que el proyecto no afecta a los trabajadores embarcados chilenos de cabotaje ya que, de las banderas de conveniencia que pueden entrar con este proyecto, 14 son homologables a los títulos chilenos.

“Las remuneraciones en esas naves, como las de OCDE, son superiores a las de Chile, además se rigen escrupulosamente por el convenio MLC-2006 que garantiza 10 horas de descanso, lo que no sucede en nuestro país donde este derecho, en muchas empresas, alcanza apenas a las 5 horas”, indican.

Critican a los organismo del Estado al señalar que “la navegación por aguas interiores y cercanía de costa chilena se rige por las leyes nacionales, la constante vulneración a estas normas es la falta de voluntad para hacerlas cumplir por parte de la Directemar, Inspecciones del Trabajo y del Ministerio de Salud entre otros. La apertura del cabotaje obligará muchos empresarios navieros a cumplir las leyes para que la competencia del transporte sea en igualdad de condiciones”.

“Creemos que esté proyecto es una buena oportunidad para el trabajador embarcado chileno de mejorar sus remuneraciones, tripular navíos de mejor estándar, obligará a hacer cumplir los descansos de 10 horas por día laboral, le brindará a las tripulaciones hotelería y víveres satisfactorios para los sacrificados días de embarco. No estamos dispuestos a sumarnos a ninguna paralización y si esta ocurriese, es solamente por orden de paralizar los fierros cuyos propietarios son los empresarios navieros”, concluyen las tres organizaciones.